El personal funcionario interino de la Administración de Justicia —los cuerpos generales de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial— ha seguido con atención la STJUE C-418/24 Obadal de 14 de abril de 2026 (Gran Sala) y la posterior STS 475/2026 del Pleno de la Sala 4ª. Sin embargo, antes de plantear cualquier reclamación conviene entender una premisa que cambia por completo la estrategia: el personal funcionario interino de Justicia NO litiga por la vía social, sino por la jurisdicción contencioso-administrativa. Esta guía explica, sin promesas, qué vía corresponde, qué normas rigen su relación y qué pasos previos son sensatos.
Qué es el personal funcionario interino de la Administración de Justicia
El personal al servicio de la Administración de Justicia se regula en el Libro VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ). Los cuerpos generales son tres: Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, cuyas funciones describen, respectivamente, los artículos 476, 477 y 478 de la LOPJ. La LOPJ prevé, por razones de urgencia o necesidad del servicio y cuando no sea posible la cobertura por funcionario de carrera, el nombramiento de funcionarios interinos que desarrollan las funciones propias de esos cuerpos en tanto persistan las razones que motivaron su nombramiento.
El régimen jurídico de este personal interino se completa con el Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, que aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia, y con las normas de selección y nombramiento de interinos, hoy dictadas en buena medida por las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de medios personales de Justicia (Canarias, entre ellas). Por eso, una parte del marco aplicable depende del territorio donde se prestan los servicios.
La diferencia que lo cambia todo: jurisdicción contencioso-administrativa, no social
Aquí está el punto más importante y el que con más frecuencia se confunde. El personal funcionario interino —incluido el de Justicia— mantiene una relación de naturaleza funcionarial, de Derecho administrativo, no una relación laboral. Sus reclamaciones se ventilan ante la jurisdicción contencioso-administrativa, no ante los Juzgados de lo Social. Esto difiere del personal laboral temporal del sector público, cuyos litigios sí van por la vía social.
La consecuencia práctica es decisiva. La STS 475/2026 de 11 de mayo de 2026, que abrió la puerta a la fijeza directa para quien superó un proceso selectivo previo, es una sentencia del Pleno de la Sala Cuarta (de lo Social) del Tribunal Supremo y se proyecta sobre el personal laboral. La Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo), competente para el personal funcionario, ha venido manteniendo una doctrina contraria a la fijeza automática de los interinos y, según se ha hecho público tras Obadal, no ha rectificado expresamente ese criterio. No se debe trasladar de forma automática lo resuelto en lo social al ámbito funcionarial.
Por qué la fijeza es más difícil en la vía funcionarial
El obstáculo no es caprichoso. El acceso a la función pública está sujeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución). Reconocer la condición de funcionario de carrera —fijo— a quien no superó el proceso selectivo correspondiente choca frontalmente con esos principios. Por eso la jurisdicción contencioso-administrativa ha sido reacia a declarar la fijeza y ha orientado la respuesta al abuso hacia mecanismos indemnizatorios y de estabilización, no hacia la conversión en fijo. El debate jurídico, tras Obadal, sigue abierto: el TJUE exige una sanción efectiva del abuso, pero corresponde a los tribunales españoles articularla sin vulnerar el marco constitucional de acceso.
Qué se puede valorar reclamar (y qué no se debe prometer)
Conviene ser honesto sobre el abanico de pretensiones. En el ámbito del personal funcionario interino de Justicia, las vías que la práctica viene explorando son, esencialmente, tres, y ninguna garantiza un resultado: la sanción del abuso de temporalidad por la vía indemnizatoria al amparo de la cláusula 5 del Acuerdo Marco; la igualdad de condiciones con el funcionario de carrera comparable por la vía de la cláusula 4 (por ejemplo, reconocimiento de determinados conceptos retributivos o de antigüedad); y la impugnación de ceses o no renovaciones cuando concurran defectos formales o causa abusiva. La declaración de fijeza, en cambio, es hoy excepcional en esta jurisdicción y no debe presentarse como un resultado seguro.
El marco de fondo que invocan estas reclamaciones es la cláusula 5 del Acuerdo Marco anejo a la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, que obliga a sancionar de forma efectiva el uso abusivo de nombramientos temporales sucesivos sobre necesidades permanentes. El TREBEP (Real Decreto Legislativo 5/2015) y la Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, completan el contexto normativo en el que se ha intentado encauzar la estabilización.
Pasos previos antes de iniciar una reclamación
Con independencia de la pretensión concreta, la preparación documental del expediente es la fase que más condiciona el resultado. Estos son los pasos razonables que cualquier interino de Justicia debería dar antes de decidir si reclama:
- Reunir el histórico completo de nombramientos y ceses (resoluciones con fecha de efectos, cuerpo, órgano de destino y motivo del nombramiento), solicitándolo por escrito a la Administración competente si no se dispone de él.
- Identificar el cuerpo y la modalidad de cada nombramiento (Gestión Procesal, Tramitación Procesal o Auxilio Judicial) y verificar si la plaza ocupada figura como estructural o de cobertura coyuntural.
- Recopilar las normas autonómicas de selección y nombramiento de interinos aplicables al territorio donde se prestan los servicios, que pueden fijar plazos y condiciones específicas.
- Conservar nóminas y certificados de servicios previos, útiles para acreditar la antigüedad y cuantificar diferencias retributivas si las hubiera.
- Anotar con precisión las fechas de notificación de cualquier cese o no renovación: en la vía contencioso-administrativa los plazos de impugnación son cortos y de cómputo estricto.
- Solicitar asesoramiento de un abogado colegiado antes de presentar reclamación administrativa o recurso, porque la elección de la vía y del momento procesal es determinante.
Plazos y vía: prudencia con el cómputo
En el orden contencioso-administrativo, la actividad de la Administración suele requerir un recurso o reclamación previo en plazo y un posterior recurso contencioso-administrativo, también sujeto a plazo de caducidad. Esos plazos son breves y su cómputo es estricto, por lo que dejar pasar el tiempo puede cerrar de forma definitiva una pretensión por más sólida que sea en el fondo. No facilitamos aquí un número de días concreto porque varía según el acto que se impugne y la normativa procesal aplicable; lo prudente es verificar el plazo exacto con un abogado en cuanto se reciba la notificación del acto que se quiere combatir.
Aviso importante: esta guía es información general y no sustituye el asesoramiento jurídico. Cada caso requiere estudio individualizado por abogado colegiado, porque la vía (contencioso-administrativa), los plazos y las posibilidades de éxito dependen del cuerpo, de la modalidad del nombramiento, del territorio competente y del acto concreto que se impugne. No existe un resultado garantizado: el reconocimiento de la fijeza del personal funcionario interino es hoy excepcional en la jurisdicción contencioso-administrativa.
Fuentes consultadas
- Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial · Libro VI · artículos 472 y 473 (funcionarios interinos) y 476, 477 y 478 (cuerpos de Gestión Procesal, Tramitación Procesal y Auxilio Judicial).
- Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia (BOE de 27 de diciembre de 2005; vigente, con modificaciones posteriores).
- Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco CES-UNICE-CEEP sobre el trabajo de duración determinada · cláusulas 4 y 5 (DOCE L 175 de 10 de julio de 1999).
- STJUE C-418/24 Obadal de 14 de abril de 2026 (Gran Sala).
- STS 475/2026 de 11 de mayo de 2026, Pleno de la Sala 4ª de lo Social (rcud 3543/2023, ponente Molins García-Atance) — relevante para el personal laboral; su traslado al personal funcionario no es automático.
- Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público · Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
- Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
- Constitución Española · artículos 23.2 y 103.3 (acceso a la función pública conforme a igualdad, mérito y capacidad).