Personal laboral temporal del sector público: régimen, abuso y reclamación post-Obadal por la vía social

Régimen jurídico del personal laboral temporal del sector público

El personal laboral del sector público se rige principalmente por el Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, ET) y por su convenio colectivo aplicable, con aplicación supletoria de las disposiciones del TREBEP que le sean propias (art. 7 TREBEP). A diferencia del personal funcionario, su relación es contractual laboral, no estatutaria ni administrativa.

La temporalidad laboral en el sector público se articula con las modalidades del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores (contrato por obra o servicio determinado en sus modalidades aplicables al sector público, contrato eventual por circunstancias de la producción, contrato de interinidad), con las particularidades que la jurisprudencia y la normativa específica del empleo público han ido fijando para evitar el fraude.

La reforma del artículo 15 ET por el Real Decreto-ley 32/2021 endureció las modalidades temporales, eliminando el contrato por obra o servicio determinado y reorganizando el contrato eventual. Para el sector público, esa reforma se aplica con matices, manteniendo modalidades específicas para programas temporales financiados con fondos finalistas o para sustituciones por bajas y permisos.

Por qué Obadal es de aplicación directa: el caso «TJ»

La STJUE C-418/24 Obadal, de 14 de abril de 2026, Gran Sala, resuelve una cuestión prejudicial planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en relación con un supuesto fáctico de personal laboral temporal: «TJ», cuidadora contratada laboralmente por la Comunidad de Madrid para prestar servicios en un centro público educativo, con sucesivos contratos temporales sobre plaza estructural a lo largo de varios años.

Esto significa que la doctrina Obadal es plena y directamente aplicable al personal laboral temporal del sector público sin necesidad de extensión por identidad de razón. La sentencia declara insuficientes las medidas españolas (indefinido no fijo, indemnización tasada del art. 49.1.c) ET aplicada al sector público, procesos de estabilización de la Ley 20/2021) frente al abuso de temporalidad laboral en la Administración.

La STS 475/2026 del Pleno de la Sala 4ª de lo Social, 11 de mayo de 2026, recoge esa doctrina y articula el sistema dual (fijeza directa para quien superó proceso selectivo previo / indemnización compensatoria con horquilla LISOS acumulable a la extintiva de 20 días/año en los demás supuestos) específicamente en un caso de personal laboral temporal del sector público.

Cómo reclamar paso a paso por la jurisdicción social

Paso 1 — Análisis de la cadena de contratos. Revisión cronológica de todos los contratos temporales suscritos con la administración o sus organismos. Identificación de la modalidad contractual de cada uno, las causas formales invocadas, las eventuales prórrogas y las interrupciones reales o aparentes entre contratos.

Paso 2 — Acreditación del carácter estructural de la plaza. Documentación de la naturaleza permanente del puesto: organigrama de la unidad, presupuesto donde figura la dotación de la plaza, descripción funcional, comparativa con el personal laboral fijo de la misma categoría que realiza idénticas tareas.

Paso 3 — Conciliación previa ante el SMAC. Papeleta de conciliación conforme al artículo 63 LRJS, trámite obligatorio. La reclamación previa administrativa del orden social fue suprimida por la Ley 39/2015: actualmente solo se requiere la conciliación social.

Paso 4 — Demanda ante el Juzgado de lo Social. Plazo: 20 días hábiles para impugnar el cese (art. 59.3 ET y art. 103 LRJS); 1 año para la acción declarativa de fijeza (art. 59.1 ET) en relación abusiva continuada. Acumulación habitual de pretensiones: fijeza o indemnización compensatoria (cláusula 5) + diferencias retributivas no abonadas si las hubo (cláusula 4).

Especificidades probatorias del personal laboral temporal

En el ámbito laboral temporal del sector público, la prueba del abuso se beneficia de los principios generales del orden social: presunción favorable al trabajador en cuanto a la prueba de los hechos constitutivos, valoración conjunta de la cadena de contratos, principio de primacía de la realidad sobre la forma contractual.

La presunción razonable de abuso de la STS 475/2026, que opera a partir de los tres años de servicios continuados sobre plaza estructural sin proceso selectivo real convocado en plazo, es plenamente aplicable. El cómputo se hace acumulando los contratos sucesivos sin solución de continuidad relevante, incluyendo pequeños vacíos administrativos que respondan a la dinámica habitual de la administración (cierres veraniegos, fin de curso, etc.) y no a interrupciones materiales del vínculo.

La calificación formal de cada contrato (obra o servicio determinado, eventual, de interinidad, para programa) no es decisiva: lo es la realidad funcional. Si bajo modalidades temporales diversas se ha cubierto sucesivamente una plaza estructural permanente, concurre abuso al amparo de la cláusula 5 del Acuerdo Marco.

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